LA VERDAD DE 124 JUBILADOS PATRONALMENTE POR EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR A QUIENES SE HA SUSPENDIDO SUS PENSIONES
Señor Presidente:
Nos dirigimos a usted con el debido respeto que merece su alta función de servicio investida por el pueblo ecuatoriano. Consideramos su discurso de posesión presidencial, en cuanto a que los derechos de cada uno de los ciudadanos de nuestra Patria son irrenunciables, irreductibles e inalienables, como lo consagra la Constitución actual de la República. Por ello, los 124 jubilados afectados por una Resolución del Directorio del Banco Central, que nos priva de continuar recibiendo nuestras pensiones desde el mes de marzo de 2009, con el efecto económico desastroso para salud y nuestras familias, queremos exponer directamente a usted nuestra verdad:
1.- Cuando nos acogimos a la jubilación patronal, desde hace aproximadamente 14 años, el Banco Central del Ecuador (BCE) estaba en un proceso de reducción de personal. La Junta Monetaria (luego denominado Directorio del Banco Central) emitió las Resoluciones JM-543-BCE y DBCE-064 para prácticamente obligar al personal a renunciar, para separarse definitivamente o jubilarse los que estuvieren en capacidad de hacerlo.
2.- Esas Resoluciones permitían completar un total de 65 puntos entre años de trabajo y edad, para acceder a la jubilación patronal, siempre que sean mínimo 20 años de trabajo. La Gerencia del Banco normó legalmente la aplicación de esas resoluciones. Era nuestra obligación someternos a tales Resoluciones y a las instrucciones del Banco. Los ahora Jubilados sancionados no emitimos las Resoluciones, lo hicieron las Autoridades legal y constitucionalmente nombradas, con base en la Ley de Régimen Monetario. Si ellos se equivocaron y emitieron resoluciones ilegales ¿dónde están las acciones legales que debieron iniciarse para juzgarlas y revocarlas? ¿Dónde está la decisión judicial que las deje sin efecto? Es más, tenemos conocimiento que los Asambleístas actuales las ratifican.
3.- Existe un mal llamado Informe de Auditoría, emitido por un funcionario de la Superintendencia de Bancos y Seguros, que llega a conclusiones y recomendaciones absurdas, hasta desconocer la autonomía que mantenía el Banco Central del Ecuador y la Junta Monetaria, debidamente designada en gobiernos constitucionales, cuando dictó tales Resoluciones y pretende que ahora -por ser su voluntad- se perjudique los derechos adquiridos por trabajadores del BCE que lograron reunir los requisitos dispuestos por el Patrono (BCE) para su jubilación patronal, y que venían recibiendo desde hace más de una década. Pretendiendo, este funcionario de la Superintendencia de Bancos y Seguros, inventar nuevos requisitos y colocándonos en un “listado” que titula “Jubilados con menos de 45 años de edad” y recomienda la suspensión del pago de nuestras pensiones jubilares. ¿Con este criterio se va a suspender también la pensión jubilar de los cientos de ciudadanos militares que se jubilaron antes de los 45 años de edad?
4.- Tenemos conocimiento que algunas máximas autoridades del Banco Central del Ecuador se habían negado a cumplir tales “recomendaciones” del funcionario de la Superintendencia de Bancos y Seguros; sin embargo, el actual Directorio del BCE sin ningún reparo emite una Resolución para suspender el pago de nuestras pensiones jubilares, alegando que es una disposición de la Superintendencia de Bancos y Seguros. La señora Superintendenta de Bancos y Seguros mediante Oficio No. SBS-INSS-2009-702, del 13 de mayo de 2009, ha negado que el órgano de control a su cargo haya dispuesto aquello, dice la comunicación: “De las citas realizadas, no se infiere lo que usted afirma respecto de que, este organismo de control “resolvió la suspensión de las pensiones jubilares con el argumento de que habían sido concedidas mediante «compra de prerrequisitos»” y que aún si lo hubiera hecho, el BCE estaba en la obligación de analizarlo antes de tomar una decisión que perjudique los derechos adquiridos de los jubilados.
5.- A pesar de que la Ley de Régimen Monetario no nos obligaba, durante nuestra vida activa en el Instituto Emisor y luego con nuestra pensión de jubilados, hemos venido aportando un porcentaje de nuestro ingreso para la constitución del fondo de jubilaciones, siempre Administrado por el BCE y auditado por la Superintendencia de Bancos y Seguros.
6.- Debemos manifestar enfáticamente, señor Presidente, que los 124 Jubilados nunca tuvimos el acuerdo ni la influencia para obligar a los órganos directivos del Banco a elaborar esas Resoluciones que sí nos obligaban a jubilarnos. Fue el Banco Central, con su órgano directivo, la institución que sigilosamente observó el cumplimiento de la Ley de Modernización del Estado, que contemplaba una reducción de personal, emitiendo resoluciones y las instrucciones correspondientes, para obligar al personal a una compra de renuncia o que se sometan la jubilación patronal quienes estuvieron en capacidad de hacerlo según esas disposiciones, proceso que se inició desde 1992.
7.- Por otra parte se le engaña a usted y esto trasluce a la opinión pública, al exponerle que todos los jubilados del BCE recibimos “pensiones doradas”, pero esto no es así; en nuestro caso, por ejemplo: el 81% de los jubilados en promedio tenemos un sueldo de $555 que van desde $276 hasta $975 y sólo un 19% superan ese valor con un promedio de $1.418. (Sólo 3 casos superan los $2.000 sin llegar más allá de $2.716)
8.- Pese a que en diferentes momentos hemos tratado de lograr la comprensión de las autoridades del Banco, no ha sido posible. Desconocemos por qué se ensañan contra nosotros, por qué sólo se cumplen parcialmente las recomendaciones erradas del funcionario de la Superintendencia de Bancos y Seguros que ni la Superintendenta respalda. Debimos acudir a las instancias judiciales, que están en trámite, pero fuera justo para ambas partes llegar a un acuerdo.
Señor Presidente, acudimos pues a su sentido de equidad, al buen dictamen de su conciencia que evite la consecuencias desastrosas que injustamente afectan a nuestras familias; y, le solicitamos disponer que se normalice la situación de estos 124 jubilados, restituyéndonos el pago de nuestras pensiones jubilares que fueron legalmente dispuestas por las Autoridades del Banco Central del Ecuador en su oportunidad.
Le tomamos su palabra, señor Presidente, de que los derechos que adquirimos, como lo consagra la actual Constitución de la República, son irrenunciables, irreductibles e inalienables, y lo hacemos porque tenemos la certeza de que fueron adquiridos por nosotros legalmente, en forma diáfana y transparente, luego de haber aportado con orgullo nuestro trabajo en el Banco Central para servir a nuestro País.
Sinceramente nos negamos a creer que la revolución ciudadana desprecie el carácter alimentario que revisten las jubilaciones y que esté encaminada contra los más débiles, contra hombres y mujeres jubilados hace más de una década que, en las actuales circunstancias económicas del país, nadie quiere contratarlos para trabajar.
Señor Presidente, estamos ya cansados de esta injusticia, por favor que no le engañen más, disponga que se normalice el pago de nuestras pensiones.
COMITÉ NACIONAL 124
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