| En estas últimas semanas los ecuatorianos hemos podido observar un indiscutido repunte de la oposición perteneciente a la partidocracia predecesora, lo que sin duda, ha causado más de un mal momento a los legisladores, o mejor decir, asambleístas de la partidocracia de la revolución ciudadana. Y desde luego que, a cuatro años de gobierno se hace evidente un desgaste general en muchos de sus frentes, con una economía que hasta la fecha no ha atenuado el angustioso problema del desempleo, no obstante los volúmenes de dinero comprometidos por el Estado, y lo que es más grave, en medio de abundantes denuncias de corrupción. Respecto al desempleo, el gobierno entrega el bono de la pobreza a más de un millón y medio de ecuatorianos, que debemos suponer viven en situación precaria, de indigencia; lo cual denuncia que no se ha contribuido eficientemente en los pasos que el gobierno ha dado para generar algún tipo de ocupación de la enorme población de brazos cruzados, constituyéndose en el mejor escenario para la violencia, el crimen y la inseguridad ciudadana, sumado a esto la característica confrontacional de los miembros del gobierno y de su estructura política, que dedican los espacios públicos como si fuesen verdaderos guerrilleros que hubieren triunfado en un proceso revolucionario y asumido el poder total, cuando la realidad no es más que un simple ensayo de balotaje, dentro de una mal llamada democracia, generalmente financiada por quienes ostentan el poder económico, al que se han sumado otro tipo de financiamientos externos, como el que se denunció en la campaña de Gutiérrez. En todo caso, insisto, no se comprende tan auspicioso ambiente de pelea cuando los problemas graves, importantes se mantienen intactos. Y hay que recalcar que la actitud de un Jefe de Estado, constituye inevitablemente un referente que marca el desarrollo de las relaciones sociales. De ahí que todo ello puede estar contribuyendo en esta espiral de violencia. Claro que hay muchos otros factores como el de la libertad y/o permisividad con la que ingresa todo tipo de ciudadanos extranjeros a nuestra patria, ocupando inclusive las pocas plazas de trabajo que existen en nuestro medio. Al respecto, hace falta más impulso y ayuda a la actividad agropecuaria de nuestro país. Es allí donde debe dedicarse todo el esfuerzo para que los agricultores y ganaderos de la sierra, costa y oriente, sientan el estímulo que generará plazas de trabajo para nuestros trabajadores, que sin tener opciones en la tierra, salen a quedarse en las ciudades en situaciones precarias. Lo propio puede decirse en el campo del turismo, en un país lleno de paisajes hermosos y sitios de descanso como muy pocos en el mundo. Desde luego, que si se ha avanzado en algunos campos como la construcción de carreteras, que hasta hace muy poco eran un verdadero tormento o viacrucis el traslado de una ciudad a otra. Debemos entonces trabajar en la difusión internacional de las opciones turísticas que ofrece el Ecuador, lo cual significará ingreso de divisas y fuentes de trabajo, insistir en nuestras escuelas y colegios sobre la riqueza turística de nuestra patria, para que los jóvenes empiecen conociendo primero lo nuestro. En cuanto a los casos de corrupción, el asunto parece igual de grave. No hay semana en que los medios de comunicación no publiquen denuncias que develan el mal manejo de la cosa pública. Apareció en la prensa el encausamiento nada menos que del ex procurador general del estado, quien estaría involucrado en el cometimiento de un supuesto peculado al haber autorizado el pago de un bono espiritual a favor de varios centenares de empleados de esa entidad pública. Pero lo que me ha llamado la atención es el hecho de que según este ex funcionario, los dineros que se utilizaron, al no ser pertenecientes al presupuesto ordinario del Estado, no constituían fondos públicos ¡ * Debo decir que causa asombro que se manejen estos conceptos por un profesional que ha estado al frente de una entidad de la trascendencia de la Procuraduría. Con razón, la Municipalidad de Quito, está renegociando el contrato de construcción del nuevo aeropuerto para la ciudad, después de que la Corte Constitucional dictaminó que los fondos recaudados por el actual aeropuerto Mariscal Sucre, y que sirven para financiar dicha construcción son dineros públicos y no privados, y por tanto, debieran ser devueltos a su dueño que es el Estado ecuatoriano, y que nos debe llamar la atención que se renegocie este mismo contrato después de que la contraloría estableció un sobreprecio?. Esta forma de concebir al derecho, a la norma, a la ley, es la que está triturando los cimientos mismos de la convivencia pacífica de los ecuatorianos. Bien vale también preguntarse: Qué ha ocurrido con los fondos previsionales de pensiones privados como el previsional cerrado privado de los activos y jubilados del Banco Central, que ya no aparece registrado en los libros y cuentas respectivas a la fecha. Y debe advertirse que ese fondo se hizo privado mediante la correspondiente escritura pública a instancias y/o exigencias nada menos que del ente de control llamado Superintendencia de Bancos. En qué figura legal se ha caído en este espinoso tema. Y qué responsabilidades se han establecido en los funcionarios de la propia Superintendencia de Bancos que presentaron informes dictaminando o recomendando acciones que afectaban a los jubilados con ese fondo previsional cerrado privado, de cuyo proceso instó e hizo seguimiento ese ente de control. Y qué hicieron las autoridades del Banco Central en conocimiento de los cuestionamientos del funcionario de la Superintendencia de Bancos, sobre estas supuestas irregularidades. Que yo sepa no se inició ninguna acción legal ante autoridad jurisdiccional competente, para que conozca y resuelva lo pertinente, sino que más bien se prefirió la acción de hecho, es decir, suspender unilateralmente los pagos pensionales. Nada más ilegal, abusivo, ignominioso, en franco atentado a los derechos humanos más básicos y elementales…Lo propio ha ocurrido con los demás jubilados del Banco Central, cuyas pensiones fueron reducidas con una aplicación suigeneris de la retroactividad, violentando todo el andamiaje jurídico del país, como por ejemplo, la constitución: Número 1 del Art. 3, que garantiza sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos constitucionales, en particular la educación, la salud, la alimentación y la seguridad social.
Número 4 del Art. 11, que establece como principio de aplicación de los derechos que, “ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales”. Art. 34, que consagra el derecho a la seguridad social como “derecho irrenunciable de todas las personas, y……..deber y responsabilidad primordial del Estado”, a quien corresponde garantizarlo y hacerlo efectivo. Número 2 del Art. 66, que garantiza el derecho a una vida digna. Art. 82 que consagra el derecho a la seguridad jurídica y lo fundamenta en “la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”.
Número 2 del Art. 326, que consagra la intangibilidad de los derechos laborales. Y para llegar a ello se expidió, violentando los propios procedimientos de la tal Asamblea, una Ley Reformatoria de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, que proscribe el derecho a recibir las pensiones en la calidad de jubilados del Banco Central del Ecuador, luego de haberse sometido y cumplido con todos los requisitos, exigidos, de conformidad con la Ley y las regulaciones y/o resoluciones de la Junta Monetaria y del Directorio del Banco Central como entes constituyentes del Estado Ecuatoriano. Esta reforma a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, no podía la Asamblea Nacional aprobar, así como era obligación del Presidente de la República objetarlo, sujetándose al marco estricto de lo que ordena la Constitución. Pues es conocido de manera elemental que no se puede modificar bajo ninguna forma legal una obligación de carácter estrictamente laboral. Esta famosa disposición general de la Ley Reformatoria de la Ley de Régimen Monetario y del Banco del Estado, violenta un principio universal respecto de la vigencia de la ley y su aplicabilidad, pues ella rige para el futuro, por consiguiente no tiene efecto retroactivo, salvo los casos señalados como excepción constantes en el Art. 7 del Código Civil. De lo transitado por los señores de la legislatura, bien podría recogerse el calificativo de que esta Asamblea, es un asco a la vela. Pues bien, así como vamos no sería muy aventurado pensar que algún rato los asambleístas, cansados de tanto aburrimiento, regresen los difuntos políticos a su seno vivitos y coleando. Y estos no son sino ejemplos de lo que constituye la vida diaria de los ecuatorianos. Ustedes recordarán que en la época del señor Duran Ballén, se ajustaba los sueldos de un funcionario público con cheques de una cuenta particular de un ciudadano ecuatoriano, cuya cuenta corriente, era a su vez, depositaria de los fondos reservados: y decían que eso era normal!... Porque no hay administración de justicia es que la sociedad pierde la cordura, por ello, hasta estamos perdiendo nuestra capacidad natural de indignarnos con tanta trapaza, por todo esto también se producen las ejecuciones populares sangrientas con gasolina y fuego, y lo propio ocurre con la justicias paralelas de grupos sociales disque diferentes, que nadie sabe dar razón. En todos estos casos, la Administración de Justicia, está en deuda, y es su obligación procesar las demandas en cuestión y emitir su fallo, porque la eterna dilatoria es otra de las formas que corrompen el sistema, y probablemente, la que más perjudica a los ciudadanos que demandan la aplicación del derecho y la justicia. Señores jueces de las Cortes, actúen y apliquen el derecho. |
